La formación política explica que las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, estas empresas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de euros de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). IU-Verdes recuerda que el pasado 18 de enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó que el recibo se va a incrementar en unos 100 euros al año. Aun así, las noticias de ayer confirmaban que solo este mes esa subida va a ser de 18 euros, es decir, de un 29%.
Este mes, el recibo medio ha superado los 85 euros mensuales. Segundo recibo más caro de la historia, solo por debajo de los 88,66 euros que pagamos de media entre enero y marzo de 2012. Para IU la actual subida brutal de los precios de la energía en plena ola de frio es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español.
Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo, por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones. Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas. Por su parte, el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Por ende, es necesario acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.
Por tanto, el Grupo Municipal de IU-Verdes considera que el Gobierno central debe poner fin a los abusos tarifarios, aprobando para ello una tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera vivienda. Igualmente, es importante que el gobierno cree una tarifa de reducida cuantía dirigida a las personas con bajos niveles de renta y que sea sufragada por las eléctricas. Asimismo, es prioritario que desde el gobierno se realicen las gestiones necesarias para el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente.
Por último, es importante también que se realice una auditoría al sistema eléctrico, realizando un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas. Y es prioritario, a su vez, aplicar el IVA súperreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4%, pues es un servicio básico para la ciudadanía.
Izquierda Unida-Verdes sigue apostando por la nacionalización del sector eléctrico para establecer controles de precios en las tarifas y para plantear una tarifa social a los sectores más vulnerables de población.