El Ayuntamiento de Yecla celebró su pleno ordinario correspondiente al mes de abril con la ausencia de los tres concejales del grupo municipal VOX y de la edil socialista María José Gómez.

En primer lugar, se aprobaron las actas de las sesiones anteriores y se aprobaron por unanimidad convenios como el suscrito con AFEMY, con la Fundación Casa Cuna de la Anunciación, para los años 2025 y 2026. Otro convenio ratificado fue el de colaboración con SPANDY para la gestión de los centros de protección animal. Además, se aprobaron anticipos de subvención para entidades deportivas y sociales como el Yecla Club de Tenis o la asociación ADFY.

En el ámbito festivo y turístico, se aprobó un anticipo de 19.500 euros a la Federación de Peñas de San Isidro y un convenio con la Asociación Ruta del Vino de Yecla para los ejercicios 2025-2028.

Por último, se ratificaron dos acuerdos con la Fundación José Luis Castillo Puche. Todos los convenios y propuestas fueron aprobados por unanimidad, lo que reflejó un amplio consenso en torno a estas iniciativas de carácter social, cultural, sanitario y deportivo.

El debate llegó cuando el Pleno aprobó provisionalmente, con los 9 votos a favor del PP 9 y 8 en contra del PSOE e IU-Verdes la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La sesión estuvo marcada por el desacuerdo político, la ausencia de VOX —que luego emitió un duro comunicado— y la presencia de varios hosteleros que acudieron para mostrar su rechazo.

La nueva ordenanza implica una subida generalizada de la tasa, que el grupo municipal popular señala como consecuencia de una normativa europea y estatal que obliga a repercutir el coste completo del servicio. La portavoz popular, Sara Ortuño, explicó que la subida responde a la aplicación del principio "quien contamina, paga" y señaló que los informes técnicos avalan la distribución del coste.

Por su parte, IU-Verdes y el PSOE denunciaron la falta de diálogo y transparencia en la elaboración de la nueva tasa, la ausencia de criterios de progresividad y bonificaciones, y una desproporción en las cuotas entre grandes y pequeños negocios. Propusieron posponer el debate para negociar una ordenanza más justa, pero su propuesta fue rechazada. También alertaron de que las viviendas pasarán a pagar un 60% más al año y que muchos pequeños comercios asumirán un incremento de hasta ocho veces más.

VOX, ausente en el pleno, emitió un comunicado crítico calificando la tasa como un “tasazo fiscal” derivado de la “agenda ecologista radical” impulsada por PSOE, IU y el PP en Europa. En el comunicado Vox explicaba que el trabajador de a pie verá como cada mes el salario fruto de su trabajo diario se verá reducido por los caprichos climáticos del bipartidismo de este país y aseguraba que recurrirán judicialmente la medida y exigen su derogación.

Alberto Martínez, portavoz de IU Verdes, valoró el pleno de abril criticando la ordenanza de la basura por haberse tramitado sin diálogo y con porcentajes desorbitados. El portavoz de izquierdas lamenta que no se incluyeran ciertas bonificaciones permitidas y anima a presentar alegaciones a los sectores afectados.

Sara Ortuño, portavoz del PP, denunció el maltrato del Gobierno de España a los ayuntamientos con la nueva tasa de gestión de residuos, que hasta ahora asumía el consistorio y desde este mes repercutirá en los ciudadanos. Aclaró que no se debe al nuevo contrato de limpieza, sino a una obligación legal que no pueden eludir. Aseguró que la ley establece cómo repartir la tasa, afectando más a sectores que más contaminan como hostelería y comercio, y que el dinero recaudado irá íntegramente a sufragar ese servicio.

Por su parte, Cristóbal Ruíz portavoz del grupo socialista criticó la ausencia de Vox en el pleno. Sobre la tasa de basuras señaló que la tasa se ha gestionado "tarde, mal, sin diálogo, y con un reparto injusto que castiga a autónomos, comercios y hostelería, mientras un 10% de la población, como los residentes en el campo, no pagará esta tasa.