El Pleno del próximo lunes someterá a debate y aprobación una propuesta socialista que denuncia la falta de autonomía de los ayuntamientos para destinar el saldo positivo en sus cuentas para políticas sociales y de mayor utilidad pública.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local limita los recursos que los ayuntamientos pueden destinar en caso de que sus balances sean positivos y obliga a que se pague deuda y también a inversiones productivas, pero no permite que sea gasto social.