La Policía Local ha detenido a un vecino de Yecla de 29 años como autor de un presunto delito de Usurpación de estado civil (recogido en el artículo 401 del Código Penal).

Según informa la Policía Local, el pasado 10 de noviembre, a primera hora de la mañana, en la calle Maestro Polo, un individuo propinó varios golpes a un coche patrulla a la vez que insultaba a los agentes que desarrollaban labores de seguridad ciudadana. Ante esos hechos, la policía procedió a identificar a la persona, quien facilitó todos los datos personales: nombre, apellidos, domicilio y DNI. El individuo no portaba en ese momento el Documento Nacional de Identidad pero, ante los datos aportados y la cotejación y contraste con la base de datos de la Policía Local, los agente procedieron a denunciarlo por una infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por falta de consideración a los agentes de la autoridad y no portar el DNI en ese momento.

Una vez instruido el procedimiento legal, el denunciado alega que ni se encontraba en el lugar de los hechos cuando se produjeron ni golpeó a ningún coche patrulla. Ante las pruebas que el denunciado aporta, la Policía Local inició una investigación que ha descubierto que fue la expareja quien, conociendo con exactitud los datos del denunciado, suplantó presuntamente la identidad del denunciado para librarse de la sanción. El hecho de conocer datos como DNI, domicilio, e incluso nombre de padre y madre, solo podía obedecer a que estuvieran relacionados personalmente o, como al final se ha desmostrado, que fueron pareja. El autor de los golpes e insultos a los agentes aprovechó que conocía todos los datos personales de su ex-pareja para darlos a los agentes y, por un lado evitar la sanción, y por otro, según indica el suplantado, para causarle problemas. Por todo esto fue detenido el día pasado 20 de diciembre tras personarse en la Jefatura de la Policía Local a requerimiento de los agentes encargados del caso. Se enfrenta a una pena de prisión de 6 meses a 3 años; y a las sanciones pecuniarias de 1.200 € por infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.