Desde el grupo de Izquierda Unida -Verdes se alerta de que la subida no está relacionada con decisiones de otro gobierno, sino que obedece a decisiones políticas del gobierno municipal y a una gestión deficiente del servicio durante la última década. Asimismo, el portavoz de la formación Alberto Martinez ha recordado que durante las tres últimas legislaturas, IU-Verdes advirtió que la gestión inadecuada por parte de la derecha podría derivar en un aumento desmedido de las tasas.
Desde Izquierda Unida Verdes indican que algunos pequeños negocios como comercios o establecimientos de hostelería podrían enfrentar incrementos superiores al 500% respecto a lo que venían abonando hasta el momento.
Segun los datos que ofrece el grupo de izquierda unida Verdes en el ámbito doméstico, la tasa podría pasar de 22 a 36 euros trimestrales, lo que supone un aumento del 63%. Según las estimaciones ofrecidas por Alberto Martínez, los restaurantes, que actualmente abonan 80 euros, podrían llegar a pagar 500 euros, lo que implica un incremento del 525%. Asimismo, los locales comerciales de hasta 100 metros cuadrados verían un aumento de 16,5 euros a 120 euros trimestrales, lo que supone un 627% más.

El portavoz de IU-Verdes, Alberto Martínez, atribuye la subida a una gestión deficiente que ha obligado a la modernización simultánea de los medios y al mantenimiento de la privatización del servicio. Por último, la formación de izquierdas ha expresado su firme oposición a las subidas y ha anunciado que votará en contra de la reforma de la ordenanza.

La concejal de Hacienda, Sara Ortuño, ha respondido a estas declaraciones señalando que la subida de la tasa de basuras no depende del Ayuntamiento, sino que es una medida impuesta por el Gobierno de España. La concejal ha subrayado que en cualquier ciudad vecina se va a pagar hasta un 80% más en la tasa porque no es el Ayuntamiento quien lo decide. Según Ortuño, a partir de abril, los consistorios no pueden asumir este coste con sus propios fondos y se ven obligados a repercutirlo directamente en los ciudadanos.

Según la concejal, la ley impuesta por el gobierno central supone un castigo para la gestión municipal, y ha lamentado que, pese al esfuerzo por ajustar los importes, la subida será inevitable y considerable. Además, Sara Ortuño ha respondido a la afirmación de Alberto Martínez de que votarán en contra de la medida en el pleno indicando que según esta ley aquellos concejales que voten en contra de la medida serán señalados, ya que el secretario del pleno tiene la obligación de registrar los votos en acta.